Durante doce días la relatora especial sobre el tema se dedicó a encontrar pistas que aclaren responsabilidad, pero el gobierno no concuerda con el informe

La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, visitó El Salvador durante casi dos semanas para conocer de cerca las denuncias en contra de los cuerpos de seguridad del Estado por abusos policiales, uso excesivo de fuerza y ejecuciones extrajudiciales. En su visita Callamard pidió al Gobierno “esfuerzos más serios” para eliminar este flagelo.

La relatora explicó que los casos de muertes arbitrarias atribuidas a las fuerzas estatales comparten características similares como las que se reconocen durante supuestos tiroteos con pandillas, que existe una modificación constante de la escena del crimen y que los responsables son rápidamente transferidos del lugar y sustituidos por otros elementos para ocultar a los individuos que deberían responder ante la justicia por sus actos.

Pese a que la especialista de la ONU señaló que este esquema no constituye una “política de Estado” sino que puede surgir como un comportamiento de las filas de la Policía y de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, apuntó que la falta de investigación en estas ejecuciones ahonda el problema y permite su diversificación. Callamard señaló que, en los casos de ejecuciones, que organizaciones sociales cifran en unos 1.000 desde 2014, no se ha pronunciado una sola condena, y las investigaciones se encuentra archivadas o relegadas.

“Estas conductas llegan a ser lo mismo que ejecuciones extrajudiciales”, dado que “le compete al Gobierno investigar todas las alegaciones de esta índole y cuando ese principio no se aplica, llega a ser una violación del derecho a la vida”, señaló Callamard en rueda de prensa donde dio a conocer sus recomendaciones y el resultado de su investigación.

Para la experta de Naciones Unidas es lamentable que los organismos de control interno de la Policía tengan una “capacidad de investigación muy pobre” a nivel de la Fiscalía, por lo que pidió al Gobierno “desplegar esfuerzos más serios para investigar” las denuncias, y lo instó a hacerlo en un tiempo prudente antes que la presión internacional vuelva sus ojos al país.

“Los delitos a manos de los agentes de seguridad menoscaban las estructuras democráticas del país y amenazan su capacidad de avanzar hacia una sociedad democrática sustentable. No pueden caer en el olvido, no pueden no investigarse”, señaló Callamard en frente de periodistas.

La visita de la experta se dio cuando el país ha vivido, según diversas organizaciones sociales, un retroceso en materia de derechos humanos a raíz de las medidas “extraordinarias” de seguridad contra las pandillas lanzadas por el Ejecutivo y el Congreso desde 2016. Pese a las recomendaciones de Agnes Callamard, tanto la Presidencia de la República como diputados de la Asamblea Legislativa y un exministro de Seguridad defienden su continuidad porque las consideran una herramienta para la seguridad pública del país, que han logrado contener la ola de violencia, aún a pesar de sus efectos colaterales.

La diplomática señaló que, aunque su responsabilidad era observar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, también se dedicó a observar a los actores que provocan violencia en general. “Además del Estado, hay otros grupos de poder que causan víctimas, como las maras y pandillas, los carteles de la droga y los traficantes de personas. Quiero que quede claro que no estamos observando solamente el actuar del Estado”, dijo al ser cuestionada sobre sus críticas a la policía y a las fuerzas militares.

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con índices de asesinatos de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, muertes violentas atribuidas principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

Latin American Post | Carlos Eduardo Gómez Avella

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