Oligopolios y multinacionales: ¿Quiénes se lucran de la inseguridad alimentaria?

La organización internacional Greenpeace presentó un informe titulado "Injusticia alimentaria 2020 – 2022. Sin control, sin regulación y sin rendir cuentas: ¿Quiénes se benefician del hambre?". En este texto, aseguraban que las 20 corporaciones más grandes de la industria alimentaria (granos, carnes, lácteos y fertilizantes) obtuvieron ganancias de más de 53.000 millones de dólares para sus accionistas en 2020 y 2021.

Estos datos se dan en un escenario donde la inseguridad alimentaria también ha aumentado para millones de personas. Es una cifra enorme, teniendo en cuenta que la ONU ha estimado que con menos dinero (51.500 millones de dólares) se podría dar alimento y vivienda a cerca de 230 millones de personas vulnerabilizadas. Además, denuncian que este aumento de sus ganancias se potenció por un aprovechamiento de la situación de la pandemia por coronavirus, así como por la especulación desenfrenada de la guerra en Ucrania.

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"La investigación que presentamos en este informe demuestra el fracaso sistémico de las políticas públicas, las cuales han permitido que un selecto grupo de empresas multinacionales obtengan enormes beneficios, enriqueciendo a propietarios y transfiriendo riqueza al accionariado, la mayoría de quienes se encuentran en el norte global", señala el informe de Greenpeace. Así, denuncian que el actual sistema alimentario tiene una forma supremamente injusta de transferir la riqueza, que va de las personas que son productoras en el sur global a países o personas con una mejor situación financiera.

Este documento señala que cuatro empresas (Archer-Daniels Midland, Bunge, Cargill y Dreyfus) conocidas por las siglas ABCD, tienen el control de entre el 70 y el 90 % de la producción de cereales en el mundo. Asimismo, indica que las grandes empresas de esta industria cada vez se hacen más poderosas, porque en los últimos años sus beneficios han crecido y han comprado pequeñas empresas, convirtiéndose así en un oligopolio muy poderoso.

Soberanía alimentaria: una necesidad urgente 

Uno de los principios constitutivos de los países es tener soberanía para ejercer control sobre su territorio. Sin embargo, muchos países del sur global siguen inmersos en modelos coloniales o, mejor dicho, neocoloniales. Así, los países más ricos siguen lucrándose y manteniendo su bienestar a costas de políticas injustas. Esto sucede con la alimentación e inicio porque se estableció un sistema de producción industrial en el que cada vez menos personas participan en los procesos de producción de lo que comen. Lo paradójico es que ese sistema lo dominan y dirigen pocas industrias, en manos de personas multimillonarias de países como Estados Unidos, Canadá o Francia. 

Que el poder se concentre en tan pocas manos causa grandes injusticias y aumenta la probabilidad de que más personas padezcan hambre. Por esto, Greenpeace, en unión con otras organizaciones, hace un llamado para que se priorice el concepto de soberanía alimentaria por encima de seguridad alimentaria, pues este último hace referencia a que más personas tengan un acceso garantizado a alimento sin abordar quiénes producen y controlan esos alimentos.

En contraste, la clave de la soberanía alimentaria es que las personas y los países tengan el poder de decidir y controlar la producción de sus alimentos. De hecho, el movimiento Vía Campesina, que defiende también esta postura en representación de los cultivadores, señala que la soberanía alimentaria es “el derecho que cada pueblo tiene para definir su política en materia de alimentos”.

Por su parte, Greenpeace señala que su visión de la soberanía alimentaria está basada en un "sistema de agricultura sostenible y ecológica que 'apoya un mundo donde la/os productora/es y las personas consumidoras, y no las empresas, son quienes controlan la cadena alimentaria', y se centra en cómo y quién produce los alimentos". Así, también se repercutiría en revertir los procesos nocivos para el medio ambiente y la salud que ha ocasionado el sistema actual. 

"Debemos trabajar para aflojar el control que las empresas agrícolas corporativas tienen sobre el sistema alimentario mundial", es la petición que hace el informe. Acá, los gobiernos tienen un papel clave para reformar sus políticas y hacer mayores exigencias a las empresas privadas. Sin embargo, la sociedad civil y los activistas también son fundamentales para la transformación hacia un sistema más colaborativo, justo y beneficioso para los campesinos y el planeta. 

Compra local 

Muchas de las recomendaciones del grupo de expertos que realizó el informe señalan la necesidad de una relocalización. Es decir, que los gobiernos prioricen la producción nacional en vez de externalizar la producción de los alimentos. Además, señala la necesidad de que los gobiernos intervengan cuando estas empresas especulan con los precios, así como que establezcan impuestos y mayores controles a las megaindustrias alimentarias.

Los ciudadanos, en acciones a nuestro alcance, también podemos aportar comprando directamente a los campesinos, buscando asociaciones o tiendas de comercio justo y priorizando los productos locales y de temporada. El primer paso es interesarnos más por conocer el origen y ciclo de los alimentos que ponemos en nuestra mesa.