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Opinión: Dejemos de crear más organismos regionales en Latinoamérica

Los constantes cambios políticos en la región hace que muchos organismos regionales en Latinoamérica pierdan relevancia prontamente.

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Foto: LatinAmerican Post

LatinAmerican Post | Santiago Gómez Hernández

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Con la reciente llegada de Garbiel Boric a la presidencia de Chile, el panorama político latinoamericano se ha sacudido y la conformación de las organizaciones regionales pueden sufrir cambios. Ya el nuevo presidente chileno advirtió que se saldrá de PROSUR al considerarla una organización con ideologías políticas.

Pero Boric puede no ser el único. Este año se avecinan 2 elecciones cruciales en Sudamérica. Los dos países con la mayor población del continente (Brasil y Colombia) elegirán a su presidente. Es muy probable que en uno o en ambos casos, gane la izquierda y esto pondría en duda la continuidad de grupos como el ya mencionado PROSUR o algún otro organismo. Llegó el momento de depurar la lista de instituciones internacionales y solo quedarnos con las que en realidad pueden dar resultados y beneficios.

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En la actualidad contamos con organismos comos Mercosur, Prosur, Unasur, Organización de Estados Americanos, Alianza del Pacífico, CELAC, el Alba, la Comunidad Andina, el Sistema de Integración Centroamericana, BID, el Grupo de Lima, la ALADI, CARICOM, y así, son decenas de organismos de integración regional en Latinoamérica y parece que cada cierto tiempo, se crea uno nuevo. Dependiendo de los Gobiernos de turno y los intereses políticos de cada uno de estos, hay uno nuevo.

Pero esto no solo demuestra una ineficaz estrategia de integración que ha sido característica de toda la historia del continente, sino que también este ha estado basado en el acompañamiento de Estados Unidos o los intereses políticos del Gobierno de turno que ha llegado a cada país.

Es por esto, que los sistemas de integración y los organismos que estos representan deben tener bases sólidas y alejadas de los intereses o las agendas de cada Gobierno. Deben englobar propuestas generales y con una intensión apolítica, únicamente enfocada en el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Si es verdad que varios organismos hoy cumplen dicha intención y tienen bases avanzadas de integración y que han sabido resistir a los vaivenes de la política interna (como Mercosur, Alianza del Pacífico, la OEA, etc.), hoy nos enfrentamos  momentos donde varios otros han perdido credibilidad dentro de los mismos ciudadanos.

Además, la sobrepoblación y oferta de organizaciones, lo que finalmente logra, también es un gasto sobredimensionado del presupuesto nacional de cada país. El mantenimiento de cada uno de estos grupos se traduce en una suma elevada en donde muchas veces sirven solo para mantener políticos aliados y repartir burocracia. El reparto de embajadas y de puestos en organizaciones termina siendo un gasto innecesario para la poca labor que cumplen.

Un pequeño ejemplo de esto es el presupuesto de la Secretaría General de la Comunidad Andina para el año 2020. Esta institución dentro del organismo tenía a su disposición cerca de 5 millones y medio de dólares. Ahora, ponernos a sumar cada uno de los grupos, y la suma no es despreciable. Dinero que puede ser invertido de una mejor manera y con mejores resultados.
Y la idea no es eliminarlas todas, porque evidentemente son necesarias para poder por fin tener un mínimo de integración latina, esa que tanto se ha soñado desde los días de la independencia. Pero estas instituciones deben ser vigiladas y se les debe exigir resultados y respuestas. Sus funciones son muchas veces escasas y es el motivo de su inoperancia, pero entonces, nos deberíamos replantear su necesidad o la posibilidad de eliminarlas y pasar sus funciones a otros organismos 

Es por esto que urge un revisionismo para poder filtrar cuáles de estas son mecanismos o pasar a grupos de trabajo de cada una de las cancillerías. Las relaciones internacionales y la cooperación internacional no puede seguir sirviendo como refugio de inoperancia o la ineptitud de funcionarios mediocres. Deben demostrar resultados, no solo para los Gobiernos de turno, sino para los ciudadanos de todos los países miembros y que pagan sus salarios.