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Caso Jeanine Áñez, ¿venganza política o justicia?

La decisión de una juez de ordenar cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta boliviana ha alterado el panorama político del país andino y de la región.

Jeanine Áñez

El ex presidente de Bolivia está recluido en La Paz donde permanecerá durante cuatro meses hasta que se resuelva su futuro judicial. Foto: Voz de América

LatinAmerican Post | Nelson Andrés Tamayo Gaviria

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Jeanine Áñez dejó la presidencia interina de Bolivia en noviembre de 2020, pero desde hace una semana (13 de marzo), está recluida en La Paz donde permanecerá durante cuatro meses hasta que se resuelva su futuro judicial. La Fiscalía y el Gobierno la acusan de sedición y terrorismo entre otros cargos, en el llamado “caso golpe de Estado”.

Áñez fue trasladada el lunes al Centro de Orientación Femenina de Obrajes; los exministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía), quienes fueron parte de su gabinete interino, también han sido enviados a centros de reclusión en los que pasarán los próximos meses.

La exmandataria se ha pronunciado ante varios medios de comunicación donde ha manifestado su inocencia y ha solicitado la intervención de organismos internacionales. Además, acusa al partido de gobierno, MAS (Movimiento al Socialismo) y al actual presidente, Luis Arce, de emprender una “persecución política” en su contra.

Un extenso juicio

En sus declaraciones iniciales, Áñez se quejó de las condiciones de su captura, argumentando que ella tiene protección especial por haber ocupado la presidencia, “tengo privilegios (fuero) y tendría que ser acusada en un caso de corte”. Sin embargo, la Fiscalía asegura que la están juzgando por delitos que habría cometido durante sus últimos días como senadora, en la jornada electoral de 2019.

El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que “lo que buscamos no es una detención de cuatro meses, nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años porque acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos”. Refiriéndose a los hechos ocurridos en las localidades de Sacaba y Senkata, en las que las fuerzas del orden habrían atacado a manifestantes del MAS, hechos condenados por la CIDH en diciembre de 2019.

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Ariel Colorado, abogado de la exjefa de Estado, ha denunciado irregularidades en el proceso y falta de pruebas, afirmó también que “la Fiscalía pretende acusar a la expresidenta con acciones de terceros” y que esa entidad presentó una imputación que no incluye ninguna evidencia concisa. Colorado además dijo que Áñez juró como presidenta de forma legal, por una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y no por ningún golpe de Estado; tesis que han apoyado varias organizaciones internacionales, incluyendo a Human Rights Watch.

El impacto regional

En América Latina varios líderes y organizaciones han expresado su opinión sobre los acontecimientos en Bolivia, el papel de la OEA y de su secretario general, Luis Almagro, ha sido clave y está ocasionando ataques mutuos entre el gobierno de Bolivia y ese organismo multilateral. La OEA publicó un comunicado y solicitó a Bolivia permitir una comisión para “investigar los actos de corrupción (…) en el gobierno del expresidente Evo Morales”.

 

Por su parte el presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó en un programa de televisión que “Evo Morales sufrió un golpe de Estado” y que no tiene “ninguna duda de que la OEA tuvo que ver y que, si Almagro tuviera dignidad, debería dar un paso al costado”.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo una declaración en la que recordó a Bolivia “respetar las garantías del debido proceso y la total transparencia en todos los procedimientos judiciales”. Además, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, insistió en que las ordenes de captura en contra de Jeanine Áñez y sus exministros no incluyen evidencias del delito de terrorismo.

En todo caso, Bolivia apenas está empezando a ver las consecuencias del caso Áñez, el presidente Luis Arce, lleva poco en el gobierno y ya tiene el riesgo de quedarse aislado en la región. El tratamiento de sus funcionarios hacia opositores en el futuro no será ignorado por la comunidad internacional ni por los principales organismos globales.

Ahora bien, si la justicia boliviana logra encontrar las evidencias necesarias para condenar a la expresidenta, su carrera política podría estar acabada y el fantasma del “golpe de Estado” seguirá acechando al país y a la región por mucho tiempo.