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Análisis de la histórica detención del expresidente colombiano Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia ordenó detención preventiva para el hoy senador de la República por una investigación que lo vincula con manipulación de testigos y fraude procesal.

Álvaro Uribe Vélez

El ex presidente y senador colombiano recibió la notificación de la medida de aseguramiento en su contra. / Foto: flickr.com/Center for American Progress

LatinAmerican Post | Juliana Suárez

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La decisión de la Corte dejaría al mandatario detenido en su residencia mientras el proceso continúa avanzando. Según el comunicado publicado por la CSJ, “la providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga”.

La detención aún puede ser revisada ya que la defensa del expresidente apelará a que pueda seguir el proceso sin necesidad de la detención. De acuerdo con El Tiempo, “existe la posibilidad de que más adelante la defensa pueda pedir una revocatoria de la medida de aseguramiento, argumentando que las razones por las que se adoptó la restricción de la libertad ya no existen y, por lo tanto, esa medida ya no es necesaria”. Mientras tanto, la CSJ afirmó que aún privado de la libertad, Uribe “podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”.

Este es un hecho histórico en la historia de Colombia, pues el expresidente se convierte en el primero en tener una detención de este tipo en la historia del país. A pesar de que casos similares se han visto en otros países de América Latina como Fujimori en Perú y Lula da Silva en Brasil, este sería el primero en enfrentar una privación de la libertad, así no sea una condena.

El caso

El caso inició por una demanda que puso el mismo Uribe contra el senador Iván Cepeda en 2014 después de que Cepeda presentara en un debate del congreso dos testimonios de exparamilitares que decían que Uribe y su hermano Santiago habían fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en Antioquia. Como prueba, estaría una fotografía del bloque en una finca propiedad de la familia Uribe, la Hacienda Guacharacas. 

Según la demanda impuesta por Uribe Vélez, Cepeda había llevado a falsos testigos y los había manipulado para decir mentiras sobre su vinculación con las AUC. Sin embargo, este caso quedó archivado en 2018 y se le devolvió pues la Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte abrió una investigación al expresidente por intentar manipular a los testigos, especialmente al testigo clave: el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

En octubre del 2019, el expresidente y senador fue llamado a indagatoria que en su momento representó un hecho importante para la corte y para él.

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Pese a que el caso aún tiene mucha tela por cortar y el proceso apenas está en una fase inicial, la Corte Suprema de Justicia determinó que tenía suficientes pruebas para ordenar la detención. “Dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”, afirmó en el comunicado.

Las respuestas de los sectores

Álvaro Uribe Vélez es una de las figuras políticas más importantes del país en la actualidad y el cual tiene tanto millones de seguidores como millones de detractores. Por lo anterior, como respuesta a esta decisión se tomaron dos posturas alrededor del país, unos apoyan la decisión de la Corte y otros critican que ésta está sesgada y alegan una persecusión política.

Días antes de la decisión de la CSJ, el Centro Democrático, partido que Uribe encabeza, envió una carta a la Corte en el que mostraban su apoyo al expresidente y rechazaban los intentos por hacerlo ver como un criminal.  "Nos consta, porque trabajamos con él de cerca, que es una persona que actúa con pulcritud, dentro del marco de la ley y con total respeto a las instituciones", decía el documento. 

 

La carta, además de ser firmada por militantes del partido, también lo fue por miembros del gobierno de turno como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Estas acciones fueron rechazadas pues miembros del gobierno no deberían tomar partido político en una decisión judicial, una rama separada del poder ejecutivo al que pertenecen.

Como respuesta, las altas cortes enviaron un día antes de las decisión una carta en la que alegaban que se les respete su independencia judicial y aseguraron que “los jueces jamás podrán emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones ajenas al orden jurídico”.

 

 

Alegando parcialidad, presecusión política y comparando la decisión como una similar de la Corte en la que liberó al miembro de las FARC Jesús Santrich, quienes apoyan a Uribe rechazaron la decisión tomada por la CSJ y aseguran que la medida de detención preventiva no es necesaria y afecta el derecho al debido proceso del expresidente.

Tras esta inconformidad, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia volvió a poner sobre la mesa una idea que ha rondado en el partido desde años atrás: una asamblea Constituyente para unificar las Cortes. Esto, según los argumentos de quienes apoya esta iniciativa, es asegurar la imparcialidad y reformar la justicia. Esta decisión resultaría, además, en la eliminación de la JEP, organismo producto del Acuerdo de Paz y que el Centro Democrático ha criticado desde sus inicios.

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Al mensaje del Centro Democrático y de los millones de seguidores del expresidente Álvaro Uribe, se sumó un mensaje del presidente de la República, Iván Duque. En sus redes sociales publicó un video donde apoya al exmandatario. “Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barberia se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar … no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia”, decía en el video publicado. 

 

 

Este mensaje fue tomado como un desafío a la independencia de las Cortes, pues muestra una posición política del presidente del país. Por ello, la oposición ha salido a criticar el mensaje, pues dicen que en él no solo va en contra de la decisión de la CSJ sino que también ataca a la JEP y al Acuerdo de Paz, pues según éste, la justicia restaurativa se cambia por penas punitivas. Tras el mensaje, el director para la Américas de Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco, también criticó la postura del presidente. “No puede pretender que habla por un lado “como presidente” y por otro “como ciudadano”, dijo en Twitter.

Contrario a lo que los seguidores del expresidente piensan, algunos sectores políticos de Colombia y de la comunidad internacional, como la organización Human Rights Watch, han celebrado la decisión como una muestra de la independencia política que tiene la alta corte con ese resultado. Lo que se celebra, más allá que el afectado sea Álvaro Uribe u otra figura política, es que la Corte haya tomado tal decisión alrededor de un expresidente, demostrando que ningún individuo está por encima de la ley.

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