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COVID-19: debemos salvar las vidas afrodescendientes

Un llamado a estrategias y recursos racialmente receptivos para la comunidad afrodescendiente durante la pandemia del COVID-19.

Manifestante con el puño levantado con una máscara con el signo BLM

La crisis del COVID-19 ha destacado la importancia de tratar a la comunidad negra de manera justa durante la pandemia. / Foto: Pexels

EurekAlert | CENTER FOR JUSTICE RESEARCH AT TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY

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Read in english: COVID-19: Save black lives

El Centro de Investigación de Justicia de la Universidad del Sur de Texas y la Asociación de Defensores Públicos Negros publicaron hoy "Save Black Lives: A Call for Racially responsive Strategies and Resources for the Black Community  during the COVID-19 Pandemic", un informe exhaustivo que detalla por qué las respuestas y estrategias de salud pública para abordar elCOVID-19 deben centrarse en la raza y el sistema legal penal.

"Cuando el sistema no reconoce el papel que juega la raza en la pandemia del COVID-19 y desarrolla respuestas racialmente equitativas, se inflige un mayor daño a la comunidad afrodescendiente, que está siendo devastada por esta enfermedad", dijo April Frazier Camara, Co- Fundador y presidente de Black Public Defender Association.

Las personas afrodescendientes están infectadas y mueren a causa del COVID-19 a tasas alarmantes y también están sobrerrepresentadas en los sistemas carcelarios que aumentan su riesgo de exposición a este virus mortal. El informe muestra que las respuestas de raza neutral a la pandemia dentro del sistema legal criminal son ineficaces y cómo causan daño a las comunidades negras.

"Este informe revela la realidad estructural anidada de la injusticia racial, el sesgo disciplinario y la falta de atención dirigida a las necesidades prácticas de los históricamente privados de sus derechos", dijo Howard Henderson, Director Fundador del Centro de Investigación de Justicia.

Las soluciones al COVID-19 dentro del sistema legal penal deben desarrollarse con la experiencia de defensores públicos afrodescendientes e investigadores orientados a la justicia, quienes están más cerca del problema del encarcelamiento masivo y esta pandemia.

Hallazgos y recomendaciones claves en el informe:

La defensa neutral en cuanto a la raza en los sistemas penales legales y de salud pública es perjudicial para las vidas de los afrodescendientes. El primer informe del COVID-19 se presentó bajo la apariencia de condiciones de salud y edad subyacentes, que pronto tuvieron realidades específicas de la raza. Del mismo modo, gran parte de la defensa en torno a la protección de las personas en prisión ha sido neutral en cuanto a la raza, a pesar de que las personas afrodescendientes están sobrerrepresentadas en los sistemas carcelarios, y una vez liberadas, es probable que regresen a las comunidades que son puntos críticos del COVID-19.

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Los defensores públicos afrodescendientes y los investigadores afrodescendientes desempeñan un papel fundamental en el avance de soluciones políticas equitativas a la pandemia del COVID-19 dentro del sistema legal penal. Como miembros de una comunidad impactada más severamente por COVID-19 y el encarcelamiento, sus voces son críticas para desarrollar soluciones culturalmente receptivas, en lugar de políticas generales y resultados de investigación que no tienen en cuenta la raza o involucran a la comunidad afrodescendiente.

La crisis del COVID-19 presenta una oportunidad para luchar por medidas de descarcelamiento que aborden y reduzcan las desigualdades raciales en el sistema legal penal.

El descarcelamiento debe ir acompañado de un apoyo y servicios de reentrada eficaces. La sobrerrepresentación de las personas afrodescendientes en las prisiones y cárceles, combinada con las tasas alarmantemente altas de infecciones y muertes en la población afrodescendiente en general, muestra la importancia de un apoyo adecuado para la reentrada para prevenir la propagación adicional de esta enfermedad mortal. Los encargados de formular políticas tienen la responsabilidad de garantizar que los programas de reentrada estén adecuadamente financiados porque la seguridad y la salud de las personas que regresan a sus hogares desde las prisiones y cárceles, y sus comunidades, dependen de ello.

La crisis de COVID-19 ha resaltado que el encarcelamiento masivo es un problema de salud pública, y aún más, que necesitamos cambiar el paradigma tradicional de castigo del sistema legal penal a los enfoques más establecidos de salud pública y perspectivas interdisciplinarias para reducir los problemas sociales que a menudo hacen que las personas cometan crímenes.

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