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La deuda pública de Argentina es insostenible

El FMI y el gobierno de Alberto Fernández llegaron a la decisión de buscar bonistas privados para que asuman las pérdidas y renegociar obligaciones.

Casa Rosada en Argentina.

Casa Rosada en Argentina. / Foto: Pixabay

LatinAmerican Post | Juliana Suárez

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Después de una misión en la que estuvieron miembros del Fondo Monetario Internacional reunidos en Argentina con miembros del gabinete, publicaron un comunicado asegurando que los acreedores privados tendrán que hacer una “contribución apreciable” para contrarrestar los daños de la crisis económica.

Durante los días en los que el FMI estuvo reunido en lo que sería la primera misión económica con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, los acreedores estaban a la espera de conclusiones y recomendaciones para saber cómo proceder para lograr un mayor equilibrio frente a la crisis. Sin embargo, se toparon con la decisión de que tendrán que contribuir de manera significativa, aunque no se estableció si esta contribución será de capital, intereses o ambos.

En el comunicado decía que “el personal del FMI notó que la capacidad de enfrentar el nivel y el servicio de la deuda pública de Argentina se deterioró significativamente en comparación con el último análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI, publicado en julio de 2019”. Por eso, determinó que ya no se podía considerar sostenible la deuda.

Igualmente, afirmaron que algunos de los riesgos que se habían previsto en julio de 2019 incluían “(i) problemas en refinanciar la deuda por el aumento de nuevas emisiones de corto plazo; (ii) vulnerabilidad de la trayectoria de la deuda pública a la volatilidad del tipo de cambio, dado que una gran parte está denominada en moneda extranjera; y (iii) grandes necesidades de financiamiento externo, variable que por lo general es buen un predictor de crisis en economías emergentes”. Estos riesgos, a pesar de los intentos del anterior gobierno de Mauricio Macri y del entrante gobierno de Fernández, no pudieron ser evitados. 

Ante esto, el FMI manifestó su preocupación pues el PIB se contrajo más de lo esperado, las reservas internacionales disminuyeron alrededor de US $ 20 mil millones y “la deuda pública bruta aumentó a cerca de 90 por ciento del PIB a fines de 2019, 13 puntos porcentuales más que la proyección en el momento de la Cuarta Revisión”.

De aquí surgió la necesidad de volver la deuda sostenible para la próxima revisión, por lo que se necesita de los bonistas privados para contribuir a esta sostenibilidad. Frente a los resultados, el FMI determinó que las necesidades de financiamiento y el crecimiento potencial no están siendo ni económica ni políticamente factibles, por lo que se determinó su insostenibilidad.

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De acuerdo con La Nación, “según un informe del gobierno de Mauricio Macri publicado en septiembre pasado, la deuda con los acreedores privados llegaría a unos US$113.000 millones sin contemplar ni al sector público ni a los organismos internacionales”. Teniendo en cuenta esa suma, la propuesta del fondo busca un “proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda” que lo que pretende es reestructurar el modelo para que sea sostenible.

Por su parte, el gobierno argentino reafirmó lo dicho por el FMI y celebró que se tomara esta decisión, pues Fernández ya había hablado anteriormente de la insostenibilidad del modelo y la necesidad de transformarlo.

Aunque aún no se ha aclarado la manera en la que este modelo de contribución de los acreedores privados va a funcionar, el ministro de Economía afirmó en su cuenta de Twitter que deberán trabajar “para resolver esta profunda crisis de deuda, acabar con los ciclos de endeudamiento insostenible y volver a poner de pie a nuestra Nación”.

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