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El reto con los exguerrilleros en Colombia para 2020

Colombia terminó el 2019 con la publicación de un informe de las Naciones Unidas que demuestra la pocas medidas de seguridad que se le están ofreciendo a los excombatientes de la extinta guerrilla FARC. En el informe se habla de la muerte de 435, siendo uno de los casos más conocidos el de Dimar Torres. 

Firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC.

Firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. / Foto: Gobierno Chile

LatinAmerican Post | Juliana Suárez

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Read in english: The challenge for 2020 with former guerrillas in Colombia

Según el informe, en 2019 murieron asesinados 77 excombatientes de las FARC y 86 líderes sociales, convirtiéndose en el año de más asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. En total, desde la firma, han sido asesinados 173 exguerrilleros, lo que significa que solo en el 2019 se dieron casi la mitad de los casos.

La razón principal es la vulnerabilidad en las comunidades en las que viven tanto los excombatientes como los líderes sociales, y la falta de recursos y protección que se les brinda. Siendo así, a los defensores les toca luchar por su vida como puedan, pues el Estado ha demostrado no hacer lo suficiente.

Ante esto, las Naciones Unidas reafirmaron “la importancia de fortalecer la presencia del Estado en varias zonas del país para proteger a los excombatientes y a los líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

En un comunicado publicado en octubre sobre el informe parcial, la ONU aseguró que los esfuerzos del Gobierno para aumentar seguridad y abrir investigacoines sobre los crímenes había aumentado, pero que aún la falta de recursos destinados a este tema eran lo que impedía frenar los asesinatos. Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia “denunció que más de 8000 (de los 13000 que dejó la firma) excombatientes que viven fuera de las antiguas zonas territoriales tienen acceso limitado a los beneficios de la reintegración”, la cual ha sido la razón principal para crear escenarios perfectos para los asesinatos. 

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La falta de seguridad los ha vuelto vulnerables no solo a morir a manos de otros grupos o incluso presuntamente por agentes del Estado, sino que también se han convertido en un blanco fácil de reclutamiento por otras guerrillas. Igualmente, otro de los principales retos del Gobierno en esta materia es asegurar los procesos de reinserción que permitan a los excombatientes volver a iniciar sus vidas lejos del pasado guerrillero.

A las muertes se le suman también 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio.

 

 

Como si el informe no fuera suficientemente preocupante, apenas el primer día del año 2020 fue asesinado el primer exguerrillero de las FARC. Benjamín Banguera Rosales de 41 años murió en Guapi, Cauca. Mientras se desplazaba en moto, fue interceptado por hombres que le dispararon dos veces. Ante esto, el partido político FARC, que se conformó tras la firma del acuerdo, pidió al gobierno de Iván Duque más seguridades para los civiles. El hombre, además de haber sido perteneciente a la extinta guerrilla, hacía parte de la comisión de paz, según manifestó anteriormente de acuerdo con información de Noticias Caracol, y apostaba a crear paz en la comunidad.

Y los líderes sociales…

Siguiendo la misma línea de los excombatientes, el 2019 fue un año difícil para los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Solo en diciembre, 23 líderes fueron asesinados, y tan solo en la semana de navidad se conoció sobre dos casos. Como estos, todo el año estuvo marcado por la violencia contra gestores de paz en comunidades apartadas del país, lo que terminó con una cifra de 250 asesinados.

De acuerdo con António Guterres, secretario general de la ONU, “la seguridad de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, así como de los excombatientes, está intrínsecamente vinculada a la seguridad de sus comunidades” y aseguró que “la presencia de grupos armados ilegales en los territorios étnicos sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos, reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos”.

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