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Los falsos positivos: una larga y perversa historia en Colombia

La historia de los falsos positivos en Colombia va mucho más alla de las fosas comunes reveladas por la Revista Semana.

Cruz de concreto enterrada en un cementerio.

Cruz de concreto enterrada en un cementerio. / Foto: Pexels - Imagen de referencia

LatinAmerican Post | Alberto Castaño Camacho

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La Revista Semana en Colombia develó un informe en el que narra la fórmula macabra como los soldados de la XVII brigada del Ejército Nacional, bajo el mando de sus superiores, inflaban los resultados operacionales buscando los beneficios que las bajas en combate suponían. Hasta el cementerio del municipio de Dabeiba, considerado la puerta al Urabá antioqueño, llegaron los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, María del Pilar Valencia, Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli, quienes dirigieron las exhumaciones dentro de la investigación.

Estos nuevos hechos no es que pongan sobre la agenda nacional un nuevo capítulo de las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del estado colombiano conocidas como “los falsos positivos”. Estas víctimas de la sistemática violación a los Derechos Humanos, por parte de agentes del estado colombiano, ya habían sido reportados como desaparecidos. La novedad es que gracias al acuerdo de paz que se logró entre el grupo armado ilegal de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, la JEP, ha logrado esclarecer que aquellas víctimas desaparecidas ya aparecieron. Aparecieron sepultados como si hubieran sido guerrilleros dados de baja en combates contra el Ejército Nacional.

Sin embargo, esto no inició con el descubrimiento del que fueron testigos los Magistrados en Dabeiba. La historia de terror inició mucho antes, desde la década de los años 90 cuando el general Rito Alejo Del Río era el comandante de la XVII Brigada del Ejército Nacional, se empezaron a presentar las colaboraciones entre grupos armados al margen de la ley, conocidos como las ACCU, Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y esa Brigada militar con sede en Carepa Antioquia, un municipio en la vía que comunica a Medellín, la capital de Antioquia con la costa Caribe, la misma vía que pasa por Dabeiba.

Rito Alejo del Río, conocido con el macabro sobrenombre de “El Pacificador de Urabá”, es investigado por los presuntos delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir y terrorismo, por su participación en la masacre de Mapiripán Meta y adicional a ello, fue condenado a 25 años de cárcel por un juez de la República, por el homicidio del líder social Marino López en febrero de 1997. Estuvo detenido en una guarnición militar que le sirvió de cárcel, entre el 4 de septiembre de 2008 hasta septiembre de 2018 cuando su caso lo tomó a JEP dentro del contexto de la Justicia transicional.

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En aquella época, entre 1995 y 1997, la comandancia de Del Río en la Brigada XVII coincidió con la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, gran impulsor de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Defensa Agraria, más conocidas como las CONVIVIR, que dieron origen a grupos de autodefensas y paramilitares; creadas en el gobierno de César Gaviria y reglamentadas por el gobierno de Ernesto Samper.

Hacia finales de los años 90, el presidente de entonces, Andrés Pastrana Arango, destituyó a Del Río y en respuesta a ellos, Uribe Vélez organizó un homenaje en su honor en el que dijo a los asistentes: “El General y sus soldados trabajaron para contener a los violentos con una intensidad sin antecedentes”. Uribe, acompañado de quien fuera más adelante su Ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, dijo que esto era un “homenaje y por supuesto de protesta”, en el evento al que asistieron más de 1.500 personas entre ganaderos, comerciantes e industriales.

Con vehemencia Uribe respaldó al general en el momento de su destitución. “Qué mala retribución da el Estado a unos generales inspirados en el amor a la Patria, con la circunstancia de separarlos de su institución, producida en un contexto que hace presumir el hecho como una sanción moral por violación de derechos humanos, sin fórmula de juicio y creando el riesgo injusto de que las nuevas cortes internacionales los sindiquen de ser autores de delitos contra la humanidad”, afirmó el entonces candidato a la presidencia de la República refiriéndose a quien luego fuera condenado por asesinato e investigado por otros delitos en alianza con grupos criminales.

En el 2002, Uribe llegó a la presidencia de la República con la promesa de generar resultados contundentes en la lucha contra la guerrilla de las FARC con quien Pastrana hubiera intentado firmar la paz. En uno de sus Consejos Comunitarios por las regiones del país, se dio un acto sin precedente alguno en Colombia. El presidente hizo un enfático llamado de atención a un General de la República en público, ante el auditorio y los medios de comunicación que no dudaron en replicar el ‘regaño’.

El presidente le dijo al general: “si no somos capaces con esta responsabilidad, mejor renunciemos a ella”, en referencia a la guerra que se libraba contra las FARC en aquel entonces. Luego la ministra de defensa de la época, la actual vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, afirmó que “las fuerzas militares deben actuar y no solo estar a la defensiva en su lucha contra los grupos armados”.

El General Rodríguez fue, pocos meses después, trasladado a Cali en donde sólo duró cinco meses antes de que fuera llamado a calificar servicios enterándose a través de los medios de comunicación antes que por una comunicación oficial de sus superiores.

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Ya con Uribe en el primer cargo del ejecutivo en Colombia, se empiezan a conocer los episodios de ‘los falsos positivos’, que no son más que ejecuciones extrajudiciales, sistemáticas, practicadas por agentes del estado colombiano bajo la línea de mando del presidente Uribe, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, nobel de paz y de generales que están siendo investigados por su participación en la muerte de más de 2.200 víctimas según el informe titulado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, que la Fiscalía General de la Nación presentó a la JEP, a pesar de que otras organizaciones hablan de un número muy superior.

El caso por el cual se empezó a conocer esta macabra práctica operacional fue la investigación de 750 ejecuciones extrajudiciales en donde jóvenes del municipio de Soacha mediante engaños fueron llevados a Norte de Santander donde presuntamente fueron asesinados por tropas del Ejército que luego los harían pasar por guerrilleros. En aquella ocasión, Uribe, refiriéndose a la muerte de estos muchachos diría: “De seguro, esos muchachos no estaban recogiendo café”.

De seguro la JEP, dentro de su expediente 003, titulada por esta alta Corte “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, adelantada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, encontrará muchos más hechos punibles que hacen parte de la historia del conflicto en Colombia.

La infame práctica de asesinar inocentes inflando resultados operacionales para obtener permisos y ascensos en las Fuerzas Militares se extendió por todo el país durante la década pasada y con el regreso del uribismo al poder, el New York Times advirtió al mundo, en meses pasados, sobre una nueva directriz dictada por el comandante del Ejército Nacional, el general Nicasio Martínez, para incrementar el número de muertos en el conflicto reduciendo la precisión de las operaciones y la afectación a la población civil, dando prelación a la muerte sobre la captura.

¿Será la verdad sobre quién, en realidad, emitía la directriz y daba la orden de estas ejecuciones extrajudiciales lo que tanto teme cierto sector político y militar del país lo que está detrás de tantas trabas al funcionamiento de la JEP?

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