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¿Hasta dónde llega el poder de la Fuerza Pública?

La muerte de manifestantes en Colombia y Chile por ataques de la Fuerza Pública ha despertado un debate sobre los alcances y protocolos de estos escuadrones.

Fuerza policial presente durante una jornada de protestas.

Fuerza policial presente durante una jornada de protestas. / Foto: Pexels - Imagen de referencia

LatinAmerican Post | Juliana Suárez

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La Fuerza Pública ha entrado a jugar un papel importante en las protestas sociales, para muchos ha sido el papel de villanos. Hay, sin embargo, quienes defienden que la policía y el escuadrón antidisturbios, o incluso las mismas fuerzas armadas, entren a los escenarios de manifestaciones para impedir que éstas se salgan de control. Por el contrario, la mayoría de quienes salen a las calles la rechazan sus acciones, asegurando que ésta es solo el agente del caos que entra buscando impedir a toda costa la protesta social.

Lo cierto es que, indudablemente, la presencia de estos escuadrones tensiona los escenarios que, en su mayoría, intentan ser pacíficos. Como resultado de esto, las recientes manifestaciones en Chile y Colombia se han tomado vidas inocentes. En Chile han muerto más de 20 personas en las manifestaciones, mientras que en Colombia, el joven de 18 años, Dilan Cruz, se convirtió en la insignia de las protestas y el rechazo a la Fuerza Pública.

Comenzando con Puerto Rico en julio, en unas manifestaciones que terminaron en la renuncia del entonces Gobernador, pero seguido de varios países de la región, las personas han salido a las calles a demandarle a sus gobiernos sobre distintos aspectos. Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia y, los que están más latentes en este momento, Chile y Colombia, son algunos países de la que han decidido no quedarse callados por lo que consideran injusticias de sus gobiernos.

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A pesar de los intentos de pacificación en estos escenarios, muchas veces no es suficiente y una jornada pacífica termina en detenciones --en ocasiones arbitrarias-- y heridos.

En este intento por mantener el orden público, sea de manera justificada o arbitraria, la Fuerza Pública acude a métodos disuasorios disturbios que terminan por opacar las protestas pacíficas y convertirlas en hechos violentos, en su mayoría aislados. Pero lo que queda borroso en estos altercados, es hasta dónde puede llegar el uso de la Fuerza Pública y cómo determinar cuándo se viola ese alcance.

Principios básicos

En principio, todo el uso de la Fuerza Pública, tanto en situaciones de conflicto con en manifestaciones se rigen por los Convenios e Ginegra de 1949 y sus Protocolos adicionales. De acuerdo con el informe Violencia y uso de la fuerza del Comité Internacional de la Cruz Roja, “las autoridades deben observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución”. Esto significaría que en una manifestación, solo podrían entrar a actuar cuando haya algún ataque violento previo.

La jurista colombiana, Daniella Baquero, enfocada en temas de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, habló con LatinAmerican Post para poder entender cuál es el rol que cumple la Policía y demás encargados de mantener el orden en la ciudadanía. En cuanto a esto, Baquero afirma que las acciones de escuadrones antidisturbios, como el ESMAD en el caso de Colombia, “son muchas veces desproporcionadas y éstos solo deberían entrar a actuar cuando ya existe agresión previa”.

Todos los agentes de la Fuerza Pública, además, tienen conocimiento en Derechos Humanos y en dichos protocolos, que cambian dependiendo del escuadrón que sea o si es un conflicto armado o no armado (como una manifestación). Los hombres deben contar con una “fuerza adecuadamente formada, profesional y disciplinada para calmar o dispersar a una muchedumbre sin recurrir a la fuerza”, menciona el mismo informe.

A pesar de los estrictos protocolos, que además incluyen una serie de armas no letales que están autorizados a utilizar solo de ciertas maneras, muchas veces no se cumplen y estos mismos hechos resultan siendo considerados como abusos de autoridad. “Por ejemplo entre esos protocolos está que los disparos que hacen no pueden ir directos hacia ninguna persona sino proyectados en caída libre”, afirma Baquero, aunque se ha visto en ocasiones lo contrario.

Una de las críticas que se ha hecho durante las manifestaciones recientes en la región, es que la fuerza pública, ha entrado a actuar en momentos en los que no había caos ni disturbios, es decir no es calidad de defensa sino de ataque. Pero también, tanto en Chile como en Colombia, videos han mostrado que no se cumplen algunos parámetros como la distancia o la manera en la que se dispara. “Muchos lo han hecho desde un nivel más alto que las personas a las que se les manda el gas lacrimógeno y no un lanzamiento perpendicular, como deberían”, afirma la abogada colombiana.

Ciegos en Chile y presencia militar

El estallido social tanto de Chile como de Colombia han tenido un fuerte componente en contra de la Fuerza Pública por los presuntos abusos que se denuncian incontables veces.

En Chile, tras las protestas que iniciaron en octubre del 2019, 20 han sido las víctimas mortales por disturbios en las calles. Pero otro hecho que ha resultado alarmante en cuanto a los abusos de los alcances, es que una gran cantidad de personas han quedado ciegas a causa de los gases lacrimógenos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Aunque se sabe del peligro de éstos, se supone que los protocolos regulan que los alcances no sean peligrosos. Sin embargo, al menos 200 personas han sido afectadas en alguno o los dos ojos durante las protestas. La denuncia frente a estas acciones es que los policías han actuado indiscriminadamente y, además, han apuntado directamente a la cara de los manifestantes, así como también se ha dicho que no se han respetado las distancias necesarias para lanzarlos.

El Universal de México destaca que, según denuncias del Colegio Médico de Chile y organizaciones de Derechos Humanos, la cifra de estas lesiones “está por encima del número de casos en Francia durante la crisis de los ‘chalecos amarillos’, las protestas en Hong Kong y el conflicto israelí-palestino”.

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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aceptó en su momento que en algunas situaciones, la Fuerza Pública había excedido su poder y había habido acciones desmedidas. Sin embargo, días después anunció que presentaría un proyecto de ley que permitiera el despliegue de tropas del ejército a las calles durante protestas sociales sin la necesidad de declarar un estado de excepción.

Esta acción fue rechazada rotundamente por los manifestantes, precisamente argumentando los abusos que se viven por parte de los agentes. Daniella Baquero, frente al despliegue de las Fuerzas Armadas en contextos de protestas sociales en las calles de la ciudad, manifestó: “pienso que es una declaración literal de guerra a la protesta y que el uso de la fuerza militar es una estrategia de desarticulación que busca la intimidación y la persuación de las personas que están pacíficamente”. Esto, además de que los protocolos de las Fuerza Armadas están destinados para otro tipo de acciones y tienen otros alcances.

20 años y más de 30 muertos en Colombia

Por su parte, Colombia presenció un acto de violencia que ha sido rechazado por gran parte de su población contra un joven de 18 años, Dilan Cruz, por parte de un agente del ESMAD. Aunque la protesta en este país no ha tenido la misma cantidad de muertos, heridos ni detenidos que en Chile, la muerte de este joven estudiante desencadenó el repudio hacia una organización que en 20 años de existencia carga con la muerte de 34 personas, la mayoría jóvenes, estudiantes y/o indígenas.

La muerte de Dilan Cruz ocurrió a causa de un lanzamiento directo de un miembro del ESMAD en su cabeza a menos de 20 metros. Según el dictamen, el arma con la que fue golpeada es una de las permitidas en los protocolos de acción. Esta arma, en teoría, no es letal, pero al incumplir los protocolos como la distancia y apuntar directo al civil, fueron los que causaron la muerte a Cruz y ponen en tela de juicio a esta organización.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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La ONG Temblores publicó, a raíz de lo sucedido, un informe llamado Silencio oficial: un aturdido grito de justicia por 20 años del Esmad. En éste se relata como desde sus inicios, en 1999, el Escuadrón Móvil Antidisturbios se ha tomado vidas inocentes, siendo la primera la de un habitante de calle apenas un año después de su creación. El informe “documenta la muerte de nueve estudiantes, nueve campesinos, nueve indígenas, dos niños, un obrero, un vendedor ambulante y una persona más cuya actividad no fue precisada”, recopila Semana.

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El problema también radica en la sumisión a una cadena de mando estricta. Por un lado, algunos agentes han afirmado que disparan por seguir órdenes de algún superior, aunque en otros casos se han visto acciones arbitrarias de agentes por separado. “Los principios y la moral quedan subordinados a una cadena de mando”, afirma Baquero, “si al agente le dicen, dispare, lo tiene que hacer. Más allá de los Derechos Humanos que se les enseñan, también se les enseña que una orden lo es todo”.

Este factor ha sido discutido y rechazado en otros aspectos en Colombia, donde soldados rasos han tenido que cumplir órdenes de sus superiores, así éstas vayan por fuera del marco legal de sus acciones. Por los mismo, otra de las muertes en el marco de las protestas en este país, fue la de un soldado de 21 años, Brandon Cely, que decidió quitarse la vida al no poder salir del ejército pero tampoco permitírsele la libertad de expresión.

Debido a esto, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han tenido que alzar su voz para denunciar los ataques no proporcionales hacia los civiles. En varios informes han manifestado la gravedad de las represalias en las protestas, como los casos de personas que pierden la vista en Chile, y han pedido a los gobiernos que investiguen los abusos.

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