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¡Qué ironía! Odebrecht participará en una Cumbre Anticorrupción

La constructora brasileña participará en la Tercera Cumbre Andina Anticorrupción que se llevará a cabo del 23 al 24 de octubre

¡Qué ironía! Odebrecht participará en una Cumbre Anticorrupción

La empresa constructora Odebrecht es la invitada de la Tercera Cumbre Andina Anticorrupción en Bogotá, para reflexionar alrededor del fenómeno de la corrupción en la región. Margalida Smith, la directora mundial de cumplimiento de esta empresa, dictará una charla titulada "Lecciones aprendidas" que gira alrededor de recuperar la imagen de la compañía.

Read in english: Outrageous! Odebrecht will participate in an Anti-Corruption Summit

Al evento organizado por The Canadian Institute asisten otras empresas con presencia regional, además de la Fiscalía General de la Nación colombiana. Parece ser una noticia irónica que la empresa responsable por uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia del continente, tenga la oportunidad de participar en una cumbre sobre anticorrupción.

Según la agencia de noticias EFE, los organizadores del evento han declarado que "la empresa se ha embarcado en una misión no solo proactiva sino también proactivista para ayudar a otras empresas a evitar estas situaciones". Entonces, ¿qué tan coherente es por parte de la empresa brasileña el participar en un evento sobre transparencia y lucha contra prácticas corruptas?

En una primera instancia se puede pensar que es un movimiento hipócrita por parte de Odebrecht. Simplemente no se puede mandar a un representante a hablar de estrategias anticorrupción cuando la compañía ha destinado USD$ 788 millones, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coimas para asegurarse proyectos en varios países. 

Pero he aquí porqué es necesario que la empresa participe en espacios como estos. La construcción de estrategias anticorrupción y transparencia son esenciales para hacer un mejor control de las relaciones entre el sector privado y el público desde el interior de las empresas. Lo único que el Caso Odebrecht le probó a los ciudadanos es lo frágiles que son los Estados frente a la corrupción corporativa. Si desde la misma empresa se establecen responsables para evitar prácticas como los sobornos a futuro, en teoría habría menos probabilidades que se repitan casos como este en el futuro.

No obstante, tampoco hay que caer en la ingenuidad. De todas formas, desde el sector privado siempre se buscará obtener beneficios en contrataciones con el Estado. Desde que hay elecciones, las empresas aportan dinero a las campañas de políticos que se puedan traducir en eventuales réditos. Quizás el verdadero problema sea esa relación entre políticos y empresas privadas.

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Para ejemplificar uso a Estados Unidos. Muchos de sus políticos son patrocinados por organizaciones privadas que obligan a los primeros a defender los intereses de los segundos. Según el portal de noticias Univisión, la Asociación Nacional de Rifles (NRA, por sus siglas en inglés) aportó en promedio USD$45 millones al año a congresistas, para reforzar las leyes en contra del control de armas. Teniendo en cuenta el problema de violencia armada en ese país, se podría cuestionar qué tan ético es que los políticos sigan teniendo vínculos de este tipo.

Tómese ahora a Odebrecht, por sobornar USD$788 millones lograron ganancias de USD$3 mil millones. Este no es dinero que se roba de las arcas públicas, pues la empresa gana contratos con el Estado a cambio de las coimas. En otras palabras, no es un tipo de corrupción que afecte a la ciudadanía directamente. No es como si se robaran el dinero público.

Entonces, ¿por qué debería importarnos? Porque estas prácticas normalizan la corrupción en todos los niveles de los Estados. Permitir que la modalidad de coimas por contratos prospere, es permitir que otras que sí afecten al dinero público sean comunes. También es permitir la degeneración de las instituciones de los Estados que deben de estar al servicio de los ciudadanos.

Al final, que Odebrecht entre a una Cumbre Anticorrupción puede significar tanto una estrategia de relaciones públicas o un verdadero compromiso por eliminar las prácticas corruptas de toda la familia de empresas bajo su nombre. Lo claro es que más de estos esfuerzos deben realizarse al interior de los sectores públicos y privados para tener un mayor control de prácticas fraudulentas, a la vez que los vínculos entre políticos y empresas sean objetivo de mayor escrutinio.

 

LatinAmerican Post | Iván Parada Hernández

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