Dos proyectos de ley fueron presentados en los últimos días, pero existen dudas alrededor de estos

Durante su campaña presidencial, Iván Duque propuso el unir las altas cortes de la justicia colombiana, como una estrategia de optimización de la rama judicial. A muchos sectores de la sociedad colombiana les hizo temblar siquiera un pensamiento semejante. Los detractores de dicha iniciativa temieron que se tratara de un intento por concentrar el poder judicial, pero como toda promesa de campaña, no se tomó demasiado en serio por otros sectores.

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No obstante, en estos días, han sido dos las propuestas de reforma a la justicia que el Centro Democrático ha formulado. Una de ellas es la que la congresista Paloma Valencia, apoyada por el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, presentó la semana pasada ante el Senado de la República. El proyecto fue rechazado instantáneamente por dos razones. 

Primero, se que quería eliminar la Corte Constitucional y la Corte Suprema, a la vez que se proponía un solo tribunal superior. De nuevo, el miedo a la concentración del poder judicial. 

Pero la senadora Paloma Valencia no paró ahí y propuso que se reviviera un artículo contemplado en la Constitución de 1886, que blindaba a cualquier congresista de una eventual captura a no ser que el mismo Congreso la aprobara. 

Esto no sería problemático si dentro del Congreso existieran alianzas entre partidos que permitieran proteger a los congresistas por sus propios intereses. Siendo el Centro Democrático el partido de gobierno y otros cuatro en coalición con este, se pueden dar condiciones para la impunidad de crímenes de legisladores. 

No obstante, este proyecto de ley no es la bandera del Centro Democrático para reformar la justicia, sino aquel que el gobierno prepare, es decir, el que provenga de la idea original de Iván Duque. Las características generales de este proyecto, aún en construcción, es el de la reforma al recurso de tutela. 

La tutela es la herramienta más importante que dispone el aparato judicial colombiano para que se respeten, reivindiquen y establezcan los derechos fundamentales. Así, cualquier ciudadano puede interponer una tutela para hacer valer los derechos que considere que se le están vulnerando. El gobierno pretende limitar el alcance de este recurso, proponiendo tiempos específicos para interponerla. De ahí, la primera ola de protesta contra la iniciativa por parte de organizaciones sociales y los presidentes de las altas cortes. 

A pesar que la tutela se ha usado en ocasiones de formas distintas a las concebidas en su función, como es el caso de los “tutelatones”, no es excusa para tratar de hacer un proceso judicial abierto e incluyente uno más inaccesible para la población. Sería un atropello descarado a la defensa de derechos fundamentales. Afortunadamente en el Congreso la resistencia ante la reforma de la tutela es considerable, por lo que en términos reales podría no ser tocada.

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Ahora, los demás puntos claves no contemplan una unión de las altas cortes para facilitar la concentración del poder judicial. De hecho, se eliminaría el Consejo Superior de la Judicatura, encargado de vigilar el oficio de la rama judicial disciplinariamente y lo reemplazaría con un nuevo organismo. Sin embargo, este no es tema nuevo, pues desde 2015 hay un mandato constitucional para el reemplazo de este organismo; la reforma solo busca cumplir la ley.  

Otro de los puntos de la reforma, en términos de las funciones de los altos tribunales, es que algunas de las tareas del Consejo de Estado y la Corte Constitucional también las asumirá la Corte Suprema. Así, este último organismo se encargará de los procesos de casación -es decir, de los procesos de revisión de sentencias judiciales a causa de una interpretación errónea de la ley- así como la unificación de jurisprudencia, o dicho mejor, la aplicación igualitaria de la ley.

De resto, no hay rastros de mayor manipulación del orden judicial en Colombia contemplados en la reforma presentada por el gobierno. ¿Esto qué implica?  Ha sido una crítica común de ambos proyectos de ley es que podrían, potencialmente, significar un índice de impunidad en procesos judiciales de alto perfil, como los que enfrenta el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

Una hipotética unión de las altas cortes podría comprometer la independencia de la rama judicial a la hora de juzgar casos como los de Uribe. Pero este no es el caso en este preciso momento. Por ahora, no habrá una garantía de impunidad pues la reforma, en su trámite, parece buscar la optimización del sistema judicial.  

LatinAmerican Post | Iván Parada Hernández

* La opinión del redactor no representa la del medio

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