Las elecciones del 26 de noviembre dejaron un sin sabor a la población, la legitimidad de los comicios está en duda para la población

Tras haber pasado más de dos semanas desde las elecciones en Honduras, el país sigue siendo noticia. En medio de un clima convulsionado de acusaciones cruzadas, denuncias de fraude y doble escrutinio, la legitimidad del nuevo presidente sigue siendo cuestionada y la agitación en la población crece. Las perspectivas no son alentadoras, ya que las protestas continúan y las consecuencias trágicas de un uso desproporcionado de la fuerza se acentúan. La crisis política e institucional ha creado una crisis social que no parece tener una pronta finalización, a menos que el problema de legitimidad de los resultados de los comicios sea solucionado.

Las elecciones del pasado 26 de noviembre dejaron al país sumido en un paroxismo electoral que devino en convulsión social y confusión internacional. El primer conteo de los votos daba como ganador a Salvador Nasralla, candidato presidencial por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que aventajaba con cinco puntos en el 57% de las actas escrutadas. Parecía posicionarse como el ganador, dejando atrás al presidente y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández.

Esta tendencia, que había sido considerada “irreversible” por un magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, cambió en las siguientes horas tras denunciadas interrupciones en el sistema de cómputo. Esta situación creó un ambiente de desconcierto que devino en reclamos de fraude electoral por parte del arco opositor, que afirmaba que hubo irregularidades que permitieron que Juan Orlando Hernández se perfilara como ganador con el 42.98% de los votos. La mínima diferencia respecto de su contrincante (tan sólo 1.59%), la existencia de denuncias de corrupción contra el oficialismo y la anulación de la prohibición de la reelección, ya habían minado la confianza de un amplio sector político y ciudadano hacia el oficialismo.

Este contexto de incertidumbre dio lugar a una fuerte movilización social, engrandecida tanto por parte de la alianza de Salvador Nasralla como por parte de Juan Orlando Hernández.  Ambos personajes políticos fomentaron la realización de marchas haciendo hincapié en su despliegue pacífico, pero la violencia irrumpió en las mismas dejando varias víctimas. Los saqueos y agresiones tuvieron como contracara una fuerte represión policial y militar, que se cobró la vida de varias personas y dejó gran cantidad de heridos.

Este escenario turbulento no se ha mitigado y Honduras sigue bajo el ojo de la tormenta. A pesar de haber pasado más de dos semanas desde las elecciones, varias calles siguen cortadas y los accesos a varios departamentos del país han sido bloqueados.

Estas medidas de protesta al parecer continuarán, ya que la oposición considera como inválidos los resultados arrojados por el segundo escrutinio del Tribunal Supremo Electoral, que fueron publicados este domingo. Dicho informe final anunciaba a Juan Orlando Hernández como vencedor de los comicios con un 42.95% de los votos, a partir de la realización de una nueva revisión de 4753 actas.

La Alianza de Oposición convocó a un paro nacional, que tuvo vigencia todo el día lunes de esta semana. Asimismo, las manifestaciones siguen haciéndose eco de los reclamos de Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, quienes insisten en que debería hacerse un recuento total de “las 18.128 actas, incluyendo los votos y cuadernillos”, y que debería ser llevado a cabo por funcionarios internacionales.

La comunidad internacional se mantiene expectante, pero no ha tomado una posición clara y concisa sobre la situación imperante en Honduras. Sí se ha pronunciado al respecto la ONG de derechos humanos, Human Rights Watch, exhortando a las autoridades hondureñas a que actúen para “prevenir los hechos de violencia y saqueos” pero garantizando a la vez “el derecho de libre reunión sin recurrir a un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza”.

Por ahora, el partido de Juan Orlando Hernández no se muestra proclive a ceder y considerar el pedido de la oposición de efectuar una revisión total de las actas. Sin embargo, la opción que va ganando fuerza como posible salida de la crisis electoral es un escrutinio realizado por funcionarios internacionales que restablezcan la credibilidad de las elecciones.

Latin American Post | Sofía Cerutti

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