La capital hondureña ha sido el centro de las manifestaciones en contra de los resultados electorales tardíos, los líderes políticos han mostrado disposición a cotejar los resultados de ser necesario

Comercios saqueados, buses quemados, calles bloqueadas, protestas continuas, represión policial y violencia. Ese es el panorama en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y otras ciudades del país desde hace más de una semana, exactamente a partir de las elecciones generales que dejaron salir a la luz las profundas divisiones que marcan al país.

El pasado 26 de noviembre se realizaron las elecciones de 298 gobiernos locales, 128 diputados y el presidente de la República de Honduras para el periodo 2018-2022; sin embargo, desde antes de realizarse, la polémica por la elección presidencial ya estaba en el aire.

Las críticas comenzaron desde la misma candidatura del presidente Juan Orlando Hernández, ya que el jefe de Estado se presentó para un segundo mandato a pesar de que la reelección estaba prohibida en la Constitución hondureña hasta que en 2015 un fallo de la Corte Suprema anuló dicha restricción. Además, el gobierno de Hernández ha estado marcado por escándalos de corrupción que han generado desconfianza en los ciudadanos

Según algunos periodistas y políticos, el país centroamericano se enfrenta a su peor crisis desde el año 2009, cuando se realizó el golpe de estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

En la madrugada del lunes, diez horas después del cierre de las urnas el 26 de noviembre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) dio a conocer que con el 57% de las mesas escrutadas el opositor, Salvador Nasralla, iba ganando con una ventaja de cinco puntos porcentuales al presidente Juan Orlando Hernández. No obstante, desde ese momento, las irregularidades comenzaron a presentarse y la desconfianza a aumentar. La página del TSE se cayó en tres oportunidades y el conteo de votos se alargó durante casi una semana. Además, se asegura que se perdieron los datos de más de 5 mil actas de votación durante las caídas del sistema.

Finalmente, el pasado lunes 4 de diciembre el TSE anunció los resultados: el presidente Hernández se perfiló como ganador con el 42.98% de los votos mientras Nasralla obtuvo el 41.39%. Sin embargo, la confianza ya estaba minada y el país en discordia.

"El estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección no permiten a la misión tener certeza sobre los resultados', declaró el jefe de la misión de observadores de la OEA, el expresidente boliviano Jorge Quiroga

El TSE se negó a declarar un ganador oficial, dado que desde entonces ya se habían presentado apelaciones. El candidato opositor rechazó los resultados, denunció un fraude electoral y pidió que se revisaran detalladamente las actas de votación. Además, llamó al pueblo a la “desobediencia civil” en medio de un ambiente ya agitado y que generaba temor a los habitantes.

“La verdad es que no queremos seguir peleando con el pueblo", aseguró un oficial que prefirió guardar el anonimato, "lo que exigimos es que haya paz, que se resuelva ya este problema y que no haya más muerte".

Cabe recordar que Honduras es un pequeño país ubicado en Centroamérica que cuenta con alrededor de 10 millones de habitantes y es azotado por la violencia de pandillas, el narcotráfico y la corrupción. Asimismo, el 64% de la población se encuentra en la pobreza y la desigualdad; además el factor de la violencia es el pan de cada día, lo que genera a su población la necesidad de un cambio profundo y sustantivo.

Desde el pasado lunes se han presentado diferentes jornadas de manifestaciones en diferentes ciudades de Honduras, marcadas por la violencia y el vandalismo, en las que se exigían los resultados de las elecciones presidenciales y el respeto a la democracia. Desde el inicio fueron convocadas por el opositor para que se realizaran de manera pacífica, pero luego se presentaron bloqueos, saqueos, agresiones, y asaltos, por personas que la oposición llamó “infiltrados".

La respuesta del Estado ha sido la represión policial y militar, que ha dejado un saldo de más de 500 detenidos, una cantidad indeterminada de heridos y, se dice según fuentes oficiales, siete muertos. Sin embargo, ninguno de estos datos se le ha podido dar un reconocimiento legal. Además, se declaró un estado de emergencia y se instauró un toque de queda desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, que ha sido respondido con cacerolazos nocturnos y multitudinarias manifestaciones, en las cuales la policía no ha dado abasto para contener estas demonstraciones.

La crisis política incluso tocó a las fuerzas policiales, ya que este martes 5 de diciembre cientos de agentes, en su mayoría pertenecientes a la unidad cobra, se negaron a aplicar el toque de queda y salieron a las calles a mostrar su rechazo.

“La verdad es que no queremos seguir peleando con el pueblo", aseguró un oficial que prefirió guardar el anonimato, "lo que exigimos es que haya paz, que se resuelva ya este problema y que no haya más muerte".

En medio de las tensiones y la difícil situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a Hernández y a Nasralla a que lleguen a un acuerdo para la revisión de actas y verificar supuestas irregularidades en las elecciones, para superar así la crisis en el país por sospechas de fraude. De igual forma, les pidió a los líderes políticos evitar discursos que inciten a la violencia y a las fuerzas de seguridad respetar los derechos humanos.

Por su parte, Nasralla pidió que se revisen todas las actas de las votaciones para que “todo el mundo quede conforme” y Hernández aseguró que "Estamos abiertos a que se coteje, que se revise, una, dos, tres, las (veces) que sea, no tenemos ningún problema".

Por el momento, mientras los líderes políticos tratan de establecer la existencia o no del fraude, Honduras se sume en el caos, la incertidumbre y una crisis que supera los problemas electorales.

Latin American Post | Dayana Martínez

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